Polémica modificación del derecho preferente en la Guardia Civil

La Dirección General de la Guardia Civil puso en marcha, hace unos días, una normativa "histórica" en el seno de la institución, con la que se pretende "aportar mayor objetividad" en la asignación de destinos, según afirmaba el propio director general, Arsenio Fernández de Mesa, en la última reunión del Consejo de la Guardia Civil, celebrada el pasado 29 de mayo.

Fernández de Mesa dio cuenta, en dicha reunión, de esta nueva medida, que supondrá la reducción de 17.433 a 5.000 los puestos de libre designación, y por la que se han establecido, por primera vez en la historia de la Benemérita, concursos de méritos para cubrir determinadas vacantes que anteriormente se asignaban 'a dedo' o por antigüedad.

Pero como nunca llueve a gusto de todos, esta nueva normativa (materializada a través de una Orden Ministerial, que se aprobó el pasado 27 de junio y que viene a desarrollar el Real Decreto de provisión de destinos en la Guardia Civil) cuenta con partidarios y detractores. Entre estos últimos se encuentran guardias civiles que se han visto afectados por la modificación del conocido como 'derecho preferente'.

En virtud de este 'derecho preferente', los agentes que llevaban más de tres años destinados en el País Vasco, Navarra o en los Grupos de Acción Rápida (GAR), y los que habían cumplido un mínimo de cinco años de servicio en los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), tenían preferencia para ocupar vacantes por antigüedad en cualquier unidad, centro u organismo de la Guardia Civil, como así lo recogía la normativa (ahora derogada) de 2006.

Más de 1.000 recursos en contra de la normativa

Ahora, con la aprobación de la nueva Orden Ministerial, en la que se lleva a cabo una clasificación de los destinos (es decir, se especifica qué destinos podrán ser asignados por méritos o antigüedad, y cuáles serán de libre designación), "se ha establecido una potenciación del sistema de provisión de destinos por concurso de méritos para la totalidad de las especialidades de la Guardia Civil, con excepción de las de Fiscal y Seguridad Ciudadana", algo que, según el abogado Antonio Suárez-Valdés, "es un auténtico atraco" para los guardias civiles afectados.

De hecho, el Gabinete Jurídico Suárez-Valdés, especializado en Derecho Militar, de la Policía y la Guardia Civil, ha recibido ya alrededor de 1.000 recursos de guardias civiles que están en contra de esta medida. Aunque el planteamiento global del procedimiento "no está completamente definido -según Antonio Suárez-Valdés-, vamos a plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para elevarla, posteriormente, al Tribunal Constitucional".

El argumento esgrimido por este Gabinete Jurídico es que las modificaciones introducidas por la Orden Ministerial (los destinos por antigüedad, muchos de ellos convertidos ahora en destinos por concurso de méritos, limitan las opciones de vacantes preferenciales) "afectarán con carácter retroactivo a los guardias civiles que tenían unos derechos consolidados para pedir cualquier destino con carácter preferente, lo que ha reventado las expectativas familiares y laborales de un colectivo muy importante", señalan.

"No se van a cambiar las reglas del juego"

Sin embargo, fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil niegan que la norma tenga carácter retroactivo y aseguran que "no se van a cambiar las reglas del juego". Estas fuentes afirman que "al que tenga unos derechos consolidados, no se le van a quitar" y que las condiciones "se van a mantener". Pero a juicio de Antonio Suárez-Valdés, el hecho de que se hayan reducido los destinos que un agente con derecho preferente podía elegir "supone una vulneración del principio de legalidad", por lo que su Gabinete está dispuesto a recurrir "este atropello" ante las instancias "que sean necesarias, incluidas las europeas".

El derecho preferente se creó para que aquellos guardias civiles que ocupasen destinos "de especial responsabilidad o penosidad" pudieran abandonarlos cuantos antes, según explican fuentes de la Guardia Civil consultadas por ATENEA. "Muchos de los que iban destinados al País Vasco eran guardias modernos, por lo que los más antiguos les pisaban siempre las vacantes", explican estas fuentes. "Por ello -añaden-, se creó un sistema para facilitarles que, tras estar un tiempo determinado en esas vacantes, que entrañaban mucho riesgo y mucho estrés profesional y personal, pudieran irse a otro sitio".

Pero ahora las circunstancias han cambiado y "la mayor parte de los guardias civiles estaban pidiendo a gritos" que se limitase ese derecho preferente, porque muchos no consideraban "justo" que "por estar en una unidad voluntariamente se pasase de manera arrolladora por encima de la antigüedad", comentan a ATENEA representantes de la Unión de Oficiales (UO), una de las asociaciones profesionales del Cuerpo con representación en el Consejo de la Guardia Civil.

Al 'convertir' muchas de las vacantes que se podían asignar por antigüedad a vacantes por concurso de méritos, los perjudicados piensan que no se tiene en cuenta "que estar destinados en el País Vasco o Navarra es infernal", a pesar de que la amenaza terrorista ya no sea la de años atrás. "Un guardia civil no puede salir a la calle como un ciudadano de a pie", explica Suárez-Valdés, cuyo Gabinete lleva 20 años defendiendo a agentes destinados en esas provincias. Según Suárez-Valdés, "lo que se esconde detrás de esta medida es el repliegue de la Guardia Civil del País Vasco, porque, al final, nadie va a querer ir destinado allí si, a cambio, no siguen conservando ese derecho preferencial".

Pero para asociaciones de la Benemérita como la UO, que en ningún caso quieren dar la impresión de "restar penosidad a estos destinos", los méritos para optar a un determinado puesto "deben estar relacionados con la función que vas a desempeñar y no con el lugar en el que hayas estado destinado", concluyen.