Si la nueva Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil se aprobase en los términos en los que actualmente está redactada no supondría "un incremento del gasto público", según consta en la 'Memoria del Análisis de Impacto Normativo' elaborada por la Dirección General de la Benemérita.
El documento, al que ha tenido acceso ATENEA, contradice la versión de la Dirección General del Cuerpo, que sostiene que el borrador de la nueva Ley fue rechazado en la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado "por motivos económicos". El Ministerio de Hacienda echó para atrás el anteproyecto de Ley por el coste que la integración de escalas podría suponer a las arcas públicas (estimado en unos 150 millones de euros).
Sin embargo, el apartado cuarto de la Memoria (en el que se refleja el 'Impacto económico general' de la nueva normativa) concluye que "las modificaciones" que incorpora la futura Ley de Personal (entre ellas la integración de escalas) "no suponen incremento de gasto", porque "lo que se produce es una redistribución de los oficiales" que, en la actualidad, forman parte de las escalas que se reunificarán.
Contradicciones en la propia Memoria justificativa
También en la propia Memoria se encuentran contradicciones. En concreto en las páginas 57 y 58 del documento, en las que se justifica el contenido de la disposición transitoria primera que contendrá la futura Ley de Personal, se puede leer: "La situación económica actual aconseja retrasar hasta el año 2017 la constitución de la nueva Escala de Oficiales definida en esta ley".
¿El motivo? Que, a partir de ese año, se elaborarán las nuevas plantillas del Cuerpo (las actuales están aprobadas hasta esa fecha) y "será más fácil abordar las medidas necesarias para paliar los efectos que la integración de las citadas escalas producirá en las expectativas de carrera de sus miembros", según consta en el documento.
Las actuales plantillas de la Guardia Civil fueron aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo, pero antes tuvieron que ser modificadas en diferentes ocasiones por las trabas que puso el Departamento que dirige Cristóbal Montoro, debido al incremento del gasto que ocasionaban al erario público. Por tanto, sí habría motivos económicos que impedirían la aprobación del actual borrador de la Ley de Personal.
Así las cosas, asociaciones profesionales de la Guardia Civil como la Unión de Oficiales consideran, como ya lo destacó su presidente, Francisco García, en una entrevista con ATENEA, que "el retraso en el cumplimiento de la Ley no sólo afecta a los miembros de la Guardia Civil, sino a la propia democracia, pues los guardias civiles vemos, impotentes, cómo los gobiernos hacen caso omiso del mandato de la Ley".
Volver
