Más de seis años llevan esperando los guardias civiles una Ley de Personal que sustituya a la actual (del año 1999) pero que se está resistiendo. Principalmente, según ha podido saber ATENEA de fuentes de la Guardia Civil, por motivos económicos, como ya ocurrió en su momento con las nuevas plantillas de la Guardia Civil, que finalmente se aprobaron tras intensas negociaciones con el Ministerio de Hacienda.
El retraso en la adopción de esta nueva normativa, que regulará, entre otros aspectos, la integración de escalas en la Guardia Civil, está provocando un sentimiento de "abandono" entre gran parte de los miembros de la Benemérita, según han asegurado a ATENEA fuentes de la Unión de Oficiales (UO), una de las asociaciones más representativas del Instituto Armado.
Estas fuentes consideran que los guardias civiles están yendo "a remolque" de otros colectivos de naturaleza militar, como es el caso de los Ejércitos de Tierra y Aire, y la Armada. En las Fuerzas Armadas, la integración de escalas ('exigida' desde Bruselas tras la implantación, en todo el ámbito comunitario, del Espacio Europeo de Educación Superior a través del conocido como 'Plan Bolonia') comenzó a implantarse en 2007, tras la aprobación de la Ley de la Carrera Militar.
Precisamente en esa normativa, de aplicación en el ámbito castrense, se establecía, en su disposición final séptima, que el Gobierno debía remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley que actualizase el régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil, con una nueva estructura de escalas, en la que la Escala Superior de Oficiales y la de Oficiales se integrasen en una sola.
Sin embargo, seis años después ese precepto legal (en el que no se establecía plazo alguno) todavía no se ha cumplido. Todo ello a pesar del empeño que está poniendo el director general de la Benemérita, Arsenio Fernández de Mesa, que ya consiguió que la tramitación de la Ley de Personal de la Guardia Civil se realizara al margen de la del Cuerpo Nacional de Policía, aspecto éste que, a priori, podía acelerar el proceso.
Pero tanto una como otra han sido echadas para atrás por el Ministerio de Hacienda, a pesar de que la Dirección General de la Benemérita esperaba que el anteproyecto de Ley de Personal "entrase" en Consejo de Ministros antes de finalizar octubre, y, de ahí, se enviase al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria.
A principios de año, altas instancias de la Guardia Civil se mostraban convencidas de que la nueva Ley de Personal se aprobaría en los meses de verano, y así lo confirmaron a ATENEA fuentes de la Dirección General. Pero no contaban los altos mandos de la Benemérita con las objeciones que, una vez más, les iba a poner el Departamento que dirige Cristóbal Montoro. Y es que, la nueva Ley podría suponer un coste estimado de unos 150 millones de euros, una cantidad que, debido a la actual crisis económica, el Ministerio de Hacienda no está dispuesto a 'financiar'.
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