Honduras, estancada mientras se preparan las elecciones para el 28 de noviembre

La tensión sigue aumentando en Honduras desde que el 28 de junio pasado se produjera la crisis política. El gobierno de facto de la República de Honduras ha dado un plazo de 10 días a la embajada de Brasil para que defina el estatus del depuesto presidente, Manuel Zelaya Rosales. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, no ha tardado en decir que su país "no acepta ultimátum de un gobierno golpista". Mientras que la propuesta de negociación de Óscar Arias está arrinconada en estos momentos, el presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha llamado a todas las partes "a la calma, a la tranquilidad y a la cordura".

En este contexto, sigue la polémica por un informe  elaborado por el departamento de derecho de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Honduras: Constitutional Law Issues (agosto de 2009):

http://blog.erlingsson.com/wp-content/uploads/2009/09/Schock_CRS_Report_Honduras.pdf

El informe ha sido liderado por Norma C. Gutiérrez, experta en derecho exterior para Centroamérica. La conclusión de la investigación es la siguiente:

El Tribunal Superior de Honduras tiene derecho constitucional y autoridad para conceder al Congreso el poder de desaprobar la conducta del presidente, llevar a cabo las investigaciones necesarias que impliquen interés nacional e interpretar la Constitución. En el caso contra el presidente Zelaya, el Congreso Nacional interpretó que el poder de desaprobar la conducta del presidente debía de ir acompañada de su destitución, según una extensa investigación. Sin embargo, la Constitución prohíbe la expatriación de cualquier ciudadano hondureño.

Es decir, la investigación señala que: fue constitucional la destitución de Zelaya pero ilegal su expulsión del país. A conclusiones similares ha llegado Octavio Sánchez, abogado, ex consejero presidencial (2002-2005) y ministro de cultura de la República de Honduras (2000-06). La importancia de esta investigación resulta en que ha tenido cierta acogida en Capitol Hill, esto es, en la capacidad de influir de los senadores y congresistas norteamericanos.

Por otra parte, la posición española parece estar muy clara y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero la ha expresado de la siguiente manera:

Pero hoy la firme defensa de la democracia tiene ante todo un nombre y un país: Honduras. Allí nuestros hermanos de América Latina, que han visto consolidar la democracia y la expectativa del bienestar en los últimos años, han decidido, con el apoyo de España y de la Comunidad Internacional, que van a ganar este desafío, el desafío de Honduras. No vamos a aceptar un golpe antidemocrático, no lo vamos a aceptar y la democracia ha de volver a Honduras. (Discurso del Presidente del Gobierno ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, jueves, 24 de septiembre de 2009).

Las conclusiones de la investigación han sido rechazada por el jurista Edmundo Orellana (Catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras), Armando Sarmiento (ex titular de la Dirección Ejecutiva para Ingresos de Honduras, DEI) o el propio Narcís Serra (Presidente de la Fundación CIDOB, Barcelona, 6 julio de 2009).

Entre detractores y partidarios del gobierno de Micheletti, un reciente editorial del Washington Post ha reflejado la posición política que se medita en DC: La situación política en Honduras se ha tornado más confusa "pero hay una clara estrategia para salir de ella: las elecciones" (25 septiembre de 2009).

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