Académicos y juristas apuestan por la opción militar ante la piratería

La indeterminación normativa para enjuiciar a los presuntos autores de la piratería marítima, grave amenaza para la navegación internacional y la seguridad de las rutas comerciales, ha abocado a que académicos de Derecho internacional y juristas castrenses pongan sobre la mesa el despliegue de operaciones militares como la solución exitosa, sin obviar potenciar la solución jurisdiccional, que es la más débil. El auge del secuestro a barcos ha incitado también una urgente respuesta normativa que permita su eficaz prevención, represión y enjuiciamiento.

Las expertas en Derecho Internacional Público, de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, Carmen Martínez Capdevila e Irene Blázquez Navarro, durante la celebración del seminario "El Juez en la persecución y el enjuiciamiento de la piratería marítima", resaltaron la necesidad de la presencia de militares españoles para erradicar este delito, "en la medida que estamos hablando de aguas donde faenan nuestros atuneros españoles".

Los datos expuestos en el citado evento demostraron que las operaciones militares en el golfo de Adén y costas de Somalia han contribuido a una destacable disminución de los apresamientos. "La efectividad de este tipo de operaciones arroja resultados muy positivos". "Su establecimiento está respaldado en una Resolución del Consejo de Seguridad, es legal por tanto y en términos jurídicos, incuestionable", según afirmó Carmen Martínez Capdevila.
Ha sido indispensable la celebración de este semen ario, -que contó con la participación de fiscales, magistrados de la Audiencia Nacional, catedráticos de Derecho Penal y asesores jurídicos del ministerio de Defensa-, para hacer un repaso de la normativa nacional e internacional al estar ante un delito anacrónico y que, sin embargo, es hecho renovado de máxima actualidad con afectación de intereses españoles.

Para el Teniente Coronel Auditor de la Armada, Alfonso Barrada Ferreirós, comparando la actuación en el caso del pesquero Alakrana con otros actos de piratería similares en el Índico, el resultado general, fue positivo, mejor que la media. La resolución con pago de rescate es común a todos los países, a excepción de Francia y EE.UU, quienes gestionan operaciones de comandos para liberar a los buques secuestrados. Si bien, la situación que se transmitía a la prensa era confusa y desconcertante, Barrada Ferreirós aseveró que luchar contra la piratería implica alto grado de dificultad en aguas del mar y organizar un dispositivo de vigilancia es tarea ardua en todo lo que no sea tráfico mercante y disposición en filas en el corredor internacional, desde y hacia, el canal de Suez. El uso de la fuerza es una parte de las respuestas normativas en la lucha contra un delito, "dado que los delincuentes no se presentan de forma voluntaria a la policía para ser detenidos", y no se puede olvidar que para que haya eficacia se requieren barcos con armas de fuego y helicópteros.

Así las cosas, las jurisdicciones competentes que enjuician este delito permitieron releer la tipificación de la piratería. Y por lo que a los intereses españoles concierne en cuanto a la seguridad de buques que realizan actividades pesqueras, también se hizo mención a la adopción de medidas necesarias para erradicar la infracción, incluido el uso de la fuerza. "El uso de la fuerza armada no puede ser la respuesta a una carencia normativa y tiene que estar bien apoyado en una regulación jurídica de último recurso, pero plantea serios problemas cuando hay rehenes", aseveró Blázquez Navarro. Otro problema contextual, dentro de un Estado poco implantado como el somalí, son las víctimas civiles por el uso de la fuerza.

Por una parte, no existe una correcta tipificación de la piratería en los textos internacionales y los ordenamientos jurídicos nacionales. Por otra parte, resulta difícil consensuar los intereses a proteger por las fuerzas navales internacionales para la prevención y persecución de la piratería.

El Derecho internacional reflejado en la Convención de Jamaica de 1982 establece el marco jurídico aplicable a la lucha contra la piratería, pero es claramente insuficiente pese a que el Código Penal español reintrodujera el proyecto de ley de 2009 el tipo de la piratería. Esta nueva reforma podría estar tipificando una conducta distinta a las contempladas en los propios textos internacionales. "Se puso acento, por una parte, en el principio de legalidad y la necesidad de contemplar en la reforma del Código Penal una realidad más amplia, en cuanto a su tipificación, que la que se recoge en la Convención de Jamaica", dijo Blázquez Navarro. Lo que se criticó no es que sea insuficiente, (en cuanto a que ciertas actuaciones quedarían fuera), sino excesivamente amplio al asociarlo a penas severas.

La necesidad de respuestas normativas hizo barajar varias posibilidades: Respecto a las jurisdicciones internacionales, se planteó la necesidad de un Tribunal Internacional específico que abordara delitos de piratería, si bien, se disponga del infrautilizado Tribunal del Derecho del Mar, cuya existencia se previó en la mencionada Convención de Jamaica. En este sentido, se esbozó la oportunidad de darle entrada. "No creas un Tribunal mas y emplea los que ya tienes". También se pensó en modificar el Convenio del 82 para ampliar el tipo de controversias y sostener de alguna forma, el reproche a Somalia en su falta de represión de cara a estas conductas delictivas, siempre y cuando ocurran en sus aguas. (No se puede olvidar que si acontece en altamar, deja de tener responsabilidad al respecto). Igualmente, se expuso también ampliar la competencia material de la Corte Penal Internacional del Tribunal de La Haya, ya que solo es conocedora de una serie tasada de delitos (genocidio, crímenes de humanidad, etc) que excluye al crimen de piratería.

Asimismo, el Gobierno de España recientemente comunicó la liberación del buque pesquero Sakoba, secuestrado desde el pasado 26 de febrero en aguas del Índico. Esta liberación se produjo tras las intensas gestiones llevadas a cabo por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y la Embajada de España en Nairobi.