Una excelente noticia para los países centroamericanos fue la que se originó producto de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado que tuvo como objetivo principal el relanzamiento del proceso de integración subregional, abordando temas de suma urgencia y otros de carácter estructural para sus respectivos pueblos.
Es fundamental asumir que la realidad centroamericana es muy compleja, puesto que carga con una historia de violencia política y subdesarrollo de larga data, de enormes repercusiones y profundas raíces, así como de una realidad geopolítica que siempre la ha tenido muy dependiente de los procesos políticos en Estados Unidos.
Durante la mayor parte del siglo XX las tensiones se encaminaron a través de un doble proceso, por una parte la presencia del capital monopólico extranjero y la instalación de familias políticas conservadoras y dictatoriales que fueron el sostén principal de la influencia de Estados Unidos en la subregión, generando movimientos de rebelión popular que se constituyeron en sólidas organizaciones que impulsaron la lucha armada con el fin de derrocar a las dinastías políticas y encaminarse hacia procesos de democracias populares. Fueron décadas de violencia política que significaron cruentas guerras civiles, políticas de exterminio y genocidas por parte de los Estados, con efectos en las estructuras económicas y sociales, así como en los ámbitos culturales y las subjetividades de los grupos humanos. Las instituciones ligadas a la defensa y la seguridad pública fueron los instrumentos claves de la represión, produciendo un manto de desprestigio público y corrupción profesional, que las han inhabilitado como agentes de confianza y protección.
La conquista de la paz y los procesos de transición democrática en la subregión todavía tienen una trayectoria breve, que junto a los efectos de mediano y largo plazo de la violencia y el mantenimiento de la precariedad económica y social, siguen siendo determinantes en la actualidad y en muchos casos son las causas directas de los actuales problemas que enfrentan el conjunto de naciones.
La desmembración social, la impunidad, el recurso violento, la descomposición estatal, la corrupción, la extrema pobreza, el éxodo campesino, el reclutamiento forzoso, la destrucción de la infraestructura, y muchos otros fenómenos conexos hoy día dan sustento a las condiciones de inseguridad, las que han llevado a condicionar a esta subregión como una de las zonas más violentas del mundo.
Actualmente priman grandes pandillas nacionales que se disputan los territorios y los mercados de las drogas, la trata de personas, el tráfico de armas pequeñas y livianas, el tráfico ilícito de migrantes y el contrabando. Ligado a esto se produce la corrupción del sistema político, judicial y policial, así como la violencia urbana y fronteriza.
A estos fenómenos negativos es que el SICA ha desafiado a través de impulsar una agenda común de Seguridad Democrática Regional que tenga como objetivo central implementar la estrategia de seguridad de Centroamérica y México, concluyendo que estas nuevas amenazas y riesgos tienen carácter trasnacional con efectos nacionales, y por lo tanto se requiere de esfuerzos comunes transfronterizos. También es fundamental contar con Estados Unidos, en cuanto es el destino principal del objeto criminal, así como en las relaciones orgánicas entre los grupos del crimen organizado, pero siempre en un papel de asistencia y colaboración, y no de ejecutor ni de dirección de los programas, puesto que se pueden superponer con intereses políticos específicos y soberanos.
De igual modo, es clave asumir que este conjunto de ilícitos están relacionados, y en muchos casos constituyen casi un holding para algunas pandillas de alta organización, por lo tanto también requieren una mirada integral como crimen organizado. Del mismo modo se requieren transformaciones profundas de las instituciones policiales, en sus recursos humanos, materiales y doctrinales, para que sean un factor determinante en la lucha contra estos crímenes.
Creo que en la subregión centroamericana debieran darse los primeros pasos para una superación de los paradigmas de defensa, para mudar hacia los paradigmas de seguridad integral, y con ello generar una reflexión profunda sobre las nuevas instituciones que se requieren para ello.
Los conductores políticos y estratégicos deben asumir definitivamente que el desafío de la seguridad democrática está directamente relacionado con la calidad y profundidad de la democracia, así como de las condiciones materiales necesarias para avanzar en el crecimiento y desarrollo.
*Carlos Gutiérrez Palacios es Licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile,
director de la ONG Centro de Estudios Estratégicos, en Chile y magister en Ciencias Militares.

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