Gaza, territorio bajo ocupación

A diferencia del respaldo que Bush padre encontró en la Guerra del Golfo de 1991, la ocupación anglo-americana de Irak en 2003 suscitó gran preocupación e incertidumbre entre sus tradicionales aliados árabes de la región. La Administración estadounidense, inmersa desde el 2001 en su guerra contra el terrorismo y sus planes de remodelación del mapa de Oriente Medio, fue consciente de la necesidad de rectificar la imagen de su política exterior en la región. Esta nueva actitud se tradujo en una nueva renovación del compromiso de Washington con respecto al proceso de paz entre palestinos e israelíes, concretándose finalmente en el apoyo estadounidense a la denominada "Hoja de Ruta". Una iniciativa elaborada por el denominado Cuarteto en 2002, y en la que por primera vez, en base a la resolución 1397 de las Naciones Unidas, se respaldaba de manera explícita la creación de un Estado palestino.

La respuesta israelí ante esta nueva iniciativa estadounidense de reactivación del proceso de paz se concretó en la aprobación del llamado "Plan de Desconexión". De manera unilateral, Israel procedería a la desmantelación de los asentamiento judíos en la Franja de Gaza y a la retirada de sus bases militares permanentes. Esta "desconexión", aprobada finalmente en el año 2005, fue presentada ante la opinión pública internacional, y especialmente la estadounidense, como un gesto israelí destinado a mostrar su disposición a la reanudación de las negociaciones de paz. Una actitud que era difícilmente compatible con la construcción del muro de Cisjordania, declarado ilegal por el Tribunal Internacional de Justicia, la intensificación de las campañas de construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania y los planes de judaización de Jerusalén.

Esta retirada, que liberaba a Israel del enorme coste militar y económico que implicaba la presencia permanente de sus tropas y colonos en dicho territorio, tenía como objetivo fundamental la desnaturalización del status legal internacional de Gaza como territorio ocupado.

Tal y como se desprende de la propia lectura del Plan de Desconexión y de las declaraciones de miembros del Gobierno israelí (como fue durante la comparecencia de Ariel Sharon ante la Asamblea General de la ONU el 15 de septiembre de 2005), Israel, bajo el pretexto de la ausencia de una "ocupación efectiva", pretendió considerar extinguidas las obligaciones y responsabilidades que, como fuerza ocupante, le impone el Derecho internacional humanitario. Este plan de desconexión de Gaza constituye una manifestación más de los planes israelíes dirigidos a la fragmentación de los Territorios Ocupados por medio de las acciones militares y la política de hechos consumados.

Hay que tener presente que, de acuerdo con el Derecho y la Jurisprudencia internacionales, la calificación jurídica de un territorio como ocupado no depende de la consideración o denominación que reciba, sino de los hechos que realmente se dan sobre el terreno, pues su razón de ser se asienta en consideraciones humanitarias.

Desde 1967 Israel ocupa Gaza y por tanto se encuentra sometido al Derecho internacional humanitario. Entre las obligaciones que este régimen jurídico impone a la fuerza ocupante destacan: el deber de garantizar a la población el acceso adecuado a alimentos, artículos esenciales, medicamentos, servicios médicos y hospitalarios; así como la responsabilidad en el mantenimiento de la salud pública en los territorios ocupados. Asimismo, en el caso de un abastecimiento insuficiente la potencia ocupante está obligada a aceptar y facilitar en todo lo posible las acciones de socorro de la población (IV Convención de Ginebra).

El desalojo israelí de la Franja de Gaza no implicó ni la transferencia de autoridad a un gobierno nacional, ni mucho menos el derecho de los palestinos al ejercicio libre de la soberanía; al contrario, la continuidad de la autoridad militar y administrativa israelí no deja lugar a dudas. Israel mantiene el control exclusivo del espacio aéreo y marítimo de la Franja, perpetúa el control sobre el movimiento de personas y bienes desde y hacia Gasa, ejerce un control fiscal y administrativo sobre la población palestina, y ostenta el monopolio de los sistemas de telecomunicaciones y de los suministros de electricidad y agua en la Franja. Este escenario constituye una evidencia clara de que la retirada israelí no puede interpretarse como un cese de la ocupación.

La radiografía que desde los organismos internacionales se hace de la Franja muestra un escenario de deterioro general de las condiciones de vida sin precedentes. En un territorio de apenas 360 kilómetros cuadrados subsisten más de un millón y medio de personas, de los cuales casi un millón son refugiados, confinados desde hace más de seis décadas en campamentos (cerca de una tercera parte de los refugiados en el mundo son palestinos). Actualmente un 80por ciento de la población depende de la ayuda humanitaria internacional.

La situación que vive Gaza desde hace años, y especialmente desde la operación militar "Plomo Fundido" de 2009 y la intensificación del bloqueo impuesto sobre la Franja desde 2006, es el resultado directo del castigo colectivo al que Israel somete a la población palestina y que, en ningún caso, puede ser amparado por una desvirtualización del derecho a la legítima defensa.

"Matar a un hombre es un crimen, acabar con todo un pueblo es un asunto a discutir....." Ibrahim Tuqam.