Las opiniones son libres; los hechos, sagrados

Este bochornoso vodevil en que se ha convertido el estado de las relaciones entre España y Venezuela, a propósito del auto judicial de la Audiencia Nacional sobre los contactos orgánicos entre Eta y las Farc colombianas, concretados puntualmente en supuestos planes para atentar en Madrid contra personalidades colombianas entre las que figurarían el presidente Uribe y el ex presidente Pastrana, además de contra otras figuras de aquella república hispanoamericana; esta historia en que lo rocambolesco no corresponde a los hechos que se recogen en el auto del juez Velasco, sino en las trapisondas político-diplomáticas entre los Gobiernos de Madrid y Caracas, ha llevado a una situación de la que no resulta fácil, y acaso resulte incluso imposible, encontrar precedentes - excepción hecha del caso de Cuba - en los anales de las relaciones políticas de España con el mundo hispanoamericano en particular, y de la diplomacia europea en general.

Posiblemente, dado lo grave de la situación creada, lo menos destacable sea la torpeza y lentitud de los mecanismos técnicos del ministerio de Asuntos Exteriores; lentitud que ha determinado que llegaran a Caracas antes que el auto judicial, con sus contenidos fácticos y sus consideraciones jurídicas, que las comunicaciones verbales del ministro Moratinos y las declaraciones del propio presidente del Gobierno; con lo cual se produjo un nivel poco superable de confusión entre lo que se dijo y lo que se quiso decir, habida cuenta los decalajes semánticos existentes entre pedir "explicaciones" y solicitar "informaciones".

El desajuste operativo entre lo burocrático y lo retórico no ha sido, sin embargo, algo lamentable en lo sólo formal y funcional, sino que ha puesto de manifiesto varias cosas: la poca fiabilidad y menor consistencia - en política exterior también - de lo que oficialmente se dice, por su inestable condición; y la explicable tosquedad de las apreciaciones primeras del presidente Hugo Chávez, al ignorar la independencia del poder judicial en un régimen democrático.

Pero lo más grave de todo es el asunto mismo de los hechos que han motivado el auto de la Audiencia Nacional por las conexiones entre los dos terrorismos y las pruebas indiciarias del apoyo chavista a unas y otras bandas. La dialéctica del régimen venezolano se apoya esencialmente en una doble negación: la de que no apoya el terrorismo - puesto que para ese sistema las Farc no son terroristas sino integrantes de un movimiento revolucionario . - y la de que son inexistentes los testimonios obtenidos de los ordenadores de Raúl Reyes, el entonces jefe de las bandas, requisados por el Ejército colombiano en un campamento de la narcoguerrilla, que destruyó en la primavera de 2008 dentro de territorio ecuatoriano.

Caracas tardó en negar la propia existencia de tales archivos informáticos, haciéndolo además en términos poco enérgicos; pero la negativa fue subiendo de tono a medida que fue revelándose, con el progreso del descifrado, el comprometedor contenido de los mismos. Tan comprometedor en sus precisiones y detalles que la Audiencia Nacional envió a Bogotá una comisión rogatoria, puesto que los datos trascendidos de los archivos iluminaban con precisión suficiente sobre hechos y personas españolas involucradas. De este particular derivará probablemente el soporte fáctico en que se apoya el auto judicial del magistrado Velasco.

Todo ello obliga a observar la necesidad de volver a la observación clásica, con la que titulamos este comentario. Esa de que mientras las opiniones son libres en todo caso, los hechos resultan sagrados, siendo únicamente la prueba la ley de su valor. Otro particular, en el que no vamos a entrar, es el de la inconsistente línea seguida por el Gobierno español con el de Venezuela, al igual que lo sucedido con el de Cuba en la grave cuestión de los presos políticos y sus huelgas de hambre.