El gobierno de Álvaro Uribe, presidente de Colombia, quiere modernizar y reorganizar los servicios de Inteligencia para adecuarlos a las nuevas políticas de seguridad y defensa así como optimizar los instrumentos y metodologias que faciliten la coordinación interinstitucional. En ese sentido, el pasado 8 de octubre de 2009, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio presentó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes del Congreso, en nombre del Presidente de la República y con carácter de urgencia, el proyecto de ley N° 189 de 2009, "Por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, se crea un nuevo Departamento Administrativo, la Agencia Central de Inteligencia de Colombia (ACI), y se reviste al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas con el régimen de personal y la creación de un sistema específico de carrera administrativa en la nueva agencia, el cambio de usuarios y titulares del certificado judicial, la reasignación de funciones y competencias de la entidad suprimida y otras disposiciones".
Con este proyecto de ley, de larguisimo y complejo título, actualmente en estudio por un grupo de diputados para someterlos a un primer debate por parte de la Comisión Primera de esa Corporación, se acabaría con el actual Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y se crearía una nueva agencia civil de inteligencia denominada Agencia Central de Inteligencia de Colombia (ACI). Esta dependencia tendría como principales misiones la producción de inteligencia estratégica y prospectiva, la contrainteligencia del Estado, y el control migratorio. Con ello, el gobierno pretende que la nueva Agencia Central de Inteligencia se convierta en la primera línea de defensa de su territorio nacional.
La anterior iniciativa legislativa, desarrolla uno de los preceptos contenidos en la Ley 1288 del 5 de marzo de 2009, - reglamentada a su vez por el Decreto 3600 del 21 de septiembre de 2009-, la cual reformó totalmente esta actividad del Estado colombiano, desarrollando aspectos como los límites y fines de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, los sistemas de control y supervisión de las operaciones de ese tipo, el resguardo de la infor
mación, el gasto en inteligencia, la protección de los miembros de la comunidad de inteligencia y de sus actividades, y la coordinación y cooperación interinstitucionales. Para lograr este último propósito, la citada norma ordena la creación de una Junta de Inteligencia Conjunta (JIC), adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, como un órgano coordinador, consultivo y asesor de las instituciones involucradas en estas tareas; y con la finalidad de producir análisis consolidados de inteligencia estratégica, ejecutar la política gubernamental de inteligencia y elaborar el "Plan Nacional de Inteligencia", entre otras misiones.
Con estas medidas legales y administrativas, el gobierno quiere, en primer lugar, adecuar esta actividad a las nuevas políticas de seguridad y defensa del Estado, y en segundo término, busca modernizar y reorganizar estos servicios, así como, optimizar los instrumentos que faciliten la coordinación interinstitucional, evitando además, que se repliquen hechos como los acaecidos en el mes de mayo de 2007, cuando renunciaron doce oficiales Generales de la Policía Nacional, como consecuencia de las interceptaciones ilegales de llamadas telefónicas a ex paramilitares, congresistas, periodistas y altos funcionarios del gobierno nacional.
Fotos del artículo: El Presidente Álvaro Uribe Vélez y la Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, María del Rosario Guerra, Primera Rueda de Negocios de la Industria Audiovisualcon, Centro Convenciones del Edificio AR en Bogotá/ SP Bogotá

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