La letra pequeña del Presupuesto de Defensa de 2014

El Ministerio de Defensa dispondrá, según recoge el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado del 2014, de 6,84 millones de euros para afrontar los pagos de tres programas especiales de armamento: el de los helicópteros de combate 'Tigre', el de los aviones de transportes Airbus A400M y el del caza Eurofighter, sin destinar dinero alguno al resto de los 13 programas con los que tiene contraídas deudas. Esta cantidad coincide con lo que se presupuestó inicialmente para 2013, en el que Defensa ha pagado más de 884 millones, gracias al crédito extraordinario de 877 millones de euros aprobado por el Gobierno a finales del mes de julio.

Al igual que el año pasado, el Gobierno no ha previsto en los presupuestos iniciales ninguna cantidad para los otros trece programas especiales de armamento, por lo que deberá recurrir, por tercer año consecutivo, a un crédito extraordinario para afrontar los pagos, que según los cálculos del Ministerio de Defensa rondará entre los 800 y los mil millones de euros.

El año pasado, el crédito fue de 1.782 millones, que se emplearon para satisfacer los compromisos de pago con las empresas de los años 2010, 2011 y 2012 y poner "el contador a cero" para empezar a negociar la reducción de unidades y el aplazamiento y las condiciones de entrega de los programas.

El Gobierno justifica que "la insuficiencia presupuestaria obliga únicamente a prever inicialmente pagos" para los 'Tigre', el A400M y el Eurofighter y destaca que Defensa "continúa con el análisis financiero de cada uno de los programas de adquisición, buscando soluciones dentro de las disponibilidades financieras". En mayo, el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, presentó la reconducción de estos programas, un plan que fija en 29.494 millones el techo de gasto de estos programas hasta 2030.

Según explicó Argüelles, quedan por pagar con cargo a Defensa "unos 8.000 millones" de estos 29.494. La parte restante corresponde a la suma de los "seis mil millones y pico" que Defensa ya ha pagado y de los créditos concedidos por el Ministerio de Industria, que se estima en alrededor de 15.000 millones de euros y que las empresas le devuelven cuando reciben los pagos de Defensa..

El plan de Defensa para los Programas Especiales de Armamento prevé abonar a la industria entre 800 y mil millones de euros anuales hasta 2015 e ir aumentando progresivamente esa cantidad hasta llegar a unos 2.000 millones de euros en 2020. Esta cifra se mantendría estable hasta 2025, cuando la previsión es que los pagos disminuyan a unos 1.500 millones. Por último, en 2030, se pagaría la "cuota final", de menos de 500 millones.

Defensa no oculta que una de las posibilidades es que estos créditos se conviertan en pagos definitivos, una opción que no representaría, según Argüelles, "más déficit ni deuda" y que es "sólo un asunto contable". Los préstamos, a tipo de interés cero y que las empresas comenzaron a recibir en 1997, se computan en el capítulo VIII (activos financieros) de los Presupuestos del Ministerio de Industria, dentro de la función correspondiente a investigación y desarrollo, algo que, según un informe presentado por el ex secretario de Estado Constantino Méndez en septiembre de 2011, estaba justificado por el "contenido tecnológico" de los contratos.

Una medida con antecedentes en la financiación de programas de armamento

De computarse los préstamos como pagos definitivos, no sería la primera vez que se utilizaría esta medida, que ya se empleó en los años 70 para financiar el Programa Naval de la Armada con unos anticipos de tesorería que después Hacienda condonó. También se empleó, una década después, la fórmula de convertir anticipos en pagos definitivos en el programa de las fragatas F80 - clase Santa María, para el que Hacienda anticipó unos pagos a Estados Unidos que se debían amortizar en diez años y que finalmente Defensa no completó.

El informe presentado por Méndez hace un año y medio ya abordaba la posibilidad de que se concediese la condonación, una "drástica alternativa financiera" que entre los principales agentes del sistema de adquisiciones (los Ministerios de Defensa e Industria y las empresas) "ha estado siempre latente". Aunque el informe reconocía que no se habían realizado estudios "sobre su viabilidad jurídico-financiera", apuntaba que era "el momento" de valorar esta opción "en atención a la naturaleza jurídica de los flujos de pago y de los receptores de los mismos".

Además, insistía en que, "obviando el riesgo moral de incitar a la repetición de comportamientos ineficientes", la 'condonación', ya fuese parcial o total, "ayudaría a plantear una solución al colapso financiero".

La cancelación de los créditos también podría tener buena acogida entre los militares. La opinión de los altos mandos la resumió el general Luis Alejandre en un artículo en el diario "La Razón", publicado poco después de la toma de posesión del ministro de Defensa: "la verdadera causa de la crisis procede de la continuada y progresiva reducción de recursos asignados a Defensa que amenaza la viabilidad del modelo de Fuerzas Armadas acordado por las Cortes Generales".

La DGAM centralizará los programas especiales

Además, el Gobierno incide en los presupuestos en que, "con objeto de fortalecer la función de control y supervisión de los citados Programas Especiales, se revisará el modelo de dirección centralizada y ejecución descentralizada, avanzando en el fortalecimiento del control de los programas de una forma integral." Es decir, se concretará, como anunció en mayo Argüelles, que la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) se convierta en la agencia única de contratación del Ministerio de Defensa, por lo que se encargará de "la contratación; el control; la inspección de calidad de los programas; el control económico-financiero; y los acuerdos de cooperación industrial".

La gestión actual está delegada en seis estructuras gestoras distintas: los Cuarteles Generales del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire; el Estado Mayor de la Defensa; la Unidad Militar de Emergencias y la DGAM, además de algunos estamentos de la Secretaria de Estado como la DIGENECO y la Dirección General de Infraestructuras (DIGENIN).