El Embajador de Honduras acreditado en Alemania, Roberto Martínez ha asegurado a esta corresponsal que no descarta la remota posibilidad de un conato de guerra civil en Honduras. Bajo su criterio, son cuatro meses de represión y resistencia pacífica, dura prueba para un pueblo que ha dado muestras de civilización, humanismo y cultura política. "Es atrevido y aventurado por mi parte hacer esta afirmación, pero estas cosas lamentablemente pueden ocurrir, si bien queremos que se resuelva en posición de diálogo", ha apostillado Martínez.
Por su parte, la canciller de Exteriores del gobierno de Zelaya, Patricia Rodas ha declarado que no acepta la jornada electoral que se vivió en Honduras el día 29 de noviembre. Estimando que el proceso queda impugnado por no producirse en un momento constitucional y con garantías de una participación libre y transparente. "No se puede reconocer la continuidad de un calendario de autoridades de facto. La salida a la crisis hondureña no es mediante un proceso electoral con carácter ilegal", ha dicho Rodas.
Durante una extensa valoración de la posición gubernamental zelayista, ha adelantado ante toda la prensa internacional convocada en la XIX Cumbre Iberoamericana, la necesidad de crear una plataforma iberoamericana que aúne esfuerzos en el camino hacia un consenso nacional que supere el fracaso de la diplomacia de Washington. En relación a Brasil, Rodas ha aseverado tímidamente no haber percibido cambio en la posición de la necesidad de la restitución del gobierno de Zelaya.
Para los representantes gubernamentales del derrocado Zelaya, el proceso electoral es ilegal e inaceptable pero no obvian la aparición de nuevos actores políticos reales que forman parte de cualquier propuesta o acción como la de Porfirio Lobo, (representante de una línea conservadora, abanderada por el Partido Nacional). Lo que no significa, y queriendo redundar en esta idea, que se legitime el proceso electoral del 29 de noviembre.
Así las cosas, la única forma de legitimar el proceso es bajo condiciones constitucionales y los fieles seguidores de Zelaya han aludido a una jornada electoral acaecida el pasado 29 de noviembre bajo profunda represión, con una abstención prácticamente inadmisible. "Los que no reconocen a Zelaya son una minoría dentro del espacio iberoamericano y que tienen que ver con su relación especial, enmarcada en el seguimiento de la nueva administración norteamericana", ha recalcado la ministro hondureña. Los datos aportados por el Tribunal Supremo de facto no son creíbles pero si, un pueblo que se ha negado a asistir a un proceso electoral militarizado y calificado de "operación militar".
El pueblo hondureño, quien reclama el retorno del depuesto presidente, confinado actualmente en la embajada de Brasil, ha resistido con dignidad, creando nuevas plataformas de resoluciones.
Definitivamente, Zelaya ha promovido una nueva plataforma de solución o Gran Acuerdo Nacional, que unida a la idea que está germinando en la comunidad internacional de un consenso, permitirá la creación de una nueva plataforma de legitimidad con la consiguiente restitución de Zelaya.

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