Errada política sobre Gibraltar

Como no pudo ser de otra manera, el embajador de su Graciosa Majestad Británica en España, llamado para quejas por el ministerio de Asuntos Exteriores, se deshizo en disculpas. Eso era algo necesario, pero dista de ser suficiente por la gravedad del incidente naval en que fueron tiroteados, por una patrullera de la Royal Navy, nuestros colores nacionales, que revestían una de las boyas de las aplicadas a señalizar límites de territorialidad en las aguas del entorno correspondiente a la colonia de Gibraltar. El hecho en sí, determinante de la propia queja del ministerio de Asuntos Exteriores, no resulta posible explicar sin el contexto en que se ha producido.

En puridad, el inaceptable incidente y el conjunto de circunstancias que lo han hecho posible, definidas por hechos de fuerza y por tensiones expresas entre unidades de la Marina británica y las patrulleras de la Guardia Civil, históricamente presentes en aquellas aguas por estar adscritas a las tareas de represión del contrabando - que tanto daño han ocasionado a lo largo de los tiempos en la economía del Campo de Gibraltar, al punto de ser la causa principal de su depresión -; en puridad, decimos, los disparos contra la boya, soporte en esa ocasión del signo de nuestra bandera y de nuestra soberanía sobre el correspondiente espacio marítimo, se produjeron en una tesitura de tensión armada que pertenece y se corresponde con muchas otras de semejante naturaleza durante los últimos tiempos.

Son, justamente, los tiempos que enmarcan la nueva política sobre el Peñón del actual Gobierno. Una política de discontinuidad estructural con la mantenida, a lo largo de muchos décadas, por Gobiernos y regímenes de todos los signos y colores. Algo que, de principio, supone una estrategia ruinosa para nuestros intereses nacionales en esta cuestión capital para la propia soberanía de España sobre la íntegra totalidad de su territorio. Calificamos de "ruinosa" esta estrategia de la discontinuidad porque es justamente lo contrario y opuesto a la británica: de estructural continuidad en la línea de defensa de los intereses nacionales suyos.

El colmo de ese quiebro, de tal despropósito, consistió en el otorgamiento por este Gobierno a la población gibraltareña, adventicia y servidora de los británicos, de la condición de parte en el doble pleito que se mantiene históricamente con el de Londres, por dos poderosas razones. Una, por el incumplimiento británico del Tratado de Utrech en lo concerniente a los límites geográficos a que circunscribe el hecho colonial (sólo el área terrestre y la vía de acceso al puerto, con exclusión de aguas territoriales); y otra, por la impugnación española del hecho colonial mismo, ante la imparable acumulación de razones históricas, a lo que se añade y destaca, por más recientes, la doble y común pertenencia de España y el Reino Unido a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a la Unión Europea.

Inferido de tan monumental despropósito, más histórico que sólo político, ha sobrevenido por modo casi automático, la subestimación de la propia realidad de España, de sus razones y de sus derechos. A los que implícitamente pareció haberse renunciado al otorgarse condición de parte a una población subordinada a los intereses del Reino Unido, y que económicamente - con el contrabando clásico en tiempos y ahora con la bancaria opacidad fiscal allí establecida - parasita la economía española. Y añadidamente ahora, como rúbrica, hacen tiro al blanco con nuestros colores nacionales. Peor, imposible.

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