El Gobierno pagará el 25% del coste de embarcar vigilantes privados en los atuneros

A pocos días de que se cumpla un mes del secuestro del buque Alakrana, del que aún no se vislumbra un final próximo, el Gobierno anunció ayer que sufragará un 25% del gasto de embarcar seguridad privada en los atuneros que faenan en el Índico, una solución que no complace ni a los armadores ni a la oposición, que continúan pidiendo que sean infantes de Marina los que protejan a los buques españoles. Mientras, el pirata detenido por la Armada del que se duda si es o no mayor de edad continúa en un limbo jurídico, a la espera de que más pruebas determinen su verdadera edad.

Con esta iniciativa, anunciada ayer por la ministra de Defensa, Carmen Chacón, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el Gobierno se suma al Gobierno Vasco, que se comprometió el lunes a hacerse cargo de una cuarta parte del gasto. El resto del montante, un 50%, será asumido por los armadores, que esperan que en unos diez días los vigilantes puedan embarcar en los pesqueros.

Chacón aseguró además que Defensa se hará cargo del traslado y la logística que conlleve el embarque de los vigilantes, a los que también formará su ministerio si es necesario. Sin embargo, el anuncio del Gobierno no complació al PP, que, a través de su diputado Arsenio Fernández Mesa,  insistió en que deben ser los infantes de Marina los que embarquen para proteger de los piratas a los atuneros.

Chacón esgrimió una vez más que la legislación española no permite adoptar tales medidas, el argumento que el Gobierno ha mantenido desde el pasado mes de septiembre. Además, incidió en que "el Estado Mayor de la Defensa dice que es una operación inviable desde el punto de vista operativo", pero no detalló los problemas legales que pueden exisitir en caso de que los vigilantes hieran o maten a alguien ni quien asumirá la responsabilidad si eso ocurre, otra de las peticiones del PP.

La situación del pirata que se declara menor, "un absurdo vodevil" para el PNV

La seguridad de los buques españoles en el Índico se ha convertido en un tema recurrente en el Congreso. Por la mañana, antes de la comparecencia de Chacón, el presidente Zapatero tuvo que informar sobre la situación del Alakrana tras una pregunta del diputado del PNV Josu Erkoreka, quien señaló que el Gobierno "falló en la prevención" y definió como "absurdo vodevil" la situación de los dos piratas que detuvo la Armada tras el secuestro.

Zapatero, que recalcó que España fue uno de los principales impulsores de la Operación Atalanta, aseguró que el Gobierno hace "todo lo que está a su a alcance" para liberar a los 36 tripulantes del buque, aunque no dio detalles sobre unas negociaciones que parecen estancadas por las peticiones de los piratas, que piden como condiciones indispensable la liberación de sus dos compañeros detenidos.

De momento, el Gobierno no contempla repatriar a los detenidos y el proceso judicial sigue en marcha, a pesar de que la situación legal del pirata que mantiene que es menor de edad sigue sin resolverse. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha pedido un estudio de la clavícula del pirata, la séptima prueba a la que se le someterá desde su llegada a España, y un informe forense que determine su edad, lo que permitirá otorgar de manera definitiva la competencia sobre el caso a Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central número 1 de la Audiencia, o al juez de menores José Luis de Castro.  

El Pleno se reunirá de nuevo cuando disponga del informe del forense, previsto para el lunes aunque puede adelantarse a mañana, y decidirá si el pirata se enfrenta a una pena que puede sobrepasar los 30 años de prisión, en caso de ser juzgado por Pedraz, o hasta 8 años de reclusión en un centro de menores, si se determina que es competencia de José Luis de Castro.

Fotografía de portada: © mde.es

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